Sobre los 2,620 metros sobre el nivel del mar, Celendín vive desde mediados de diciembre una calma chicha. Las manifestacionescontra el proyecto minero Conga, que se asienta en sus predios, han cesado por el momento. Pero la población puede volver a levantarse en cualquier momento. En medio de la tensión, la peor parte se la llevan los periodistas locales quienes tienen literalmente prohibido emitir informaciones que no provengan de los opositores a la minería.
escribe Luis Alarcón
Centro poblado de Bellavista, a la entrada de la provincia de Celendín, donde se encuentra el proyecto Minas Conga. Aquí, el periodismo independiente es, sencillamente, imposible. Fotografía: Radio El Edén.
Los han amenazado, arrojado piedras a sus casas y hasta golpeado. Nadie ha denunciado los abusos ante una instancia competente como la Policía o la Defensoría del Pueblo. Poco a poco han sido acallados por los dirigentes de la Plataforma Interinstitucional Celendina (PIC) o por lugareños azuzados por éstos. En Celendín, ser un periodista independiente se paga caro.
Hoy, de los trece noticieros radiofónicos y televisivos que operaban hasta diciembre del año pasado, sólo queda un par al aire.
En la lucha entre el agua y el oro, el periodismo de Celendín vive su propia encrucijada. La sufre desde que los conflictos entre comuneros y la minera Yanacocha estallaran oficialmente el 24 de noviembre pasado, al inicio del paro contra el polémico proyecto Conga. Las operaciones de Minas Conga se proyectan por casi 9 mil millones de dólares y proponen usar el agua de las cabeceras de ríos de la zona para explotar hasta el 2032 el mineral más preciado del mundo.
La población celendina se opone a rajatabla al proyecto. Y quisieran que los periodistas también.
La situación es simple: ningún periodista puede decir en público que el proyecto minero tiene puntos positivos. Tampoco, entrevistar a representantes de Yanacocha. Y, por último, está prohibido adjetivar como violentas las manifestaciones, que en alguna ocasión incluyeron la quema de locales de dos empresas mineras, bloqueos de carreteras con apedreamiento de autos, o golpizas eventuales a quien se atreva a pensar distinto a los manifestantes o a no sumarse a su lucha.
Así, es preferible callar.
Jesús Chávez, periodista, fue acusado de trabajar para la minera y golpeado por una turba. Fotografía: Luis Alarcón.
Jesús Chávez Pereyra fue el primero en claudicar. Todo iba bien con Visión Informativa, de Imagen TV (canal 33), el noticiero que conducía hace dos años, de 7 a 8 de la noche. O eso pensaba. Pero un par de días después de iniciado el paro, la violencia desbordada de una turba que había partido de la Plaza de Armas de Celendín hacia Huañambra (salida a Cajamarca) se volvió contra él.
—Yo sólo grababa para el noticiero. Pero alguien gritó que lo hacía para la minera. Quise explicarles. Defenderme. Pero no me dejaron.
Aún estudiante de comunicaciones en la filial local de una universidad limeña, Chávez fue golpeado en el rostro y el torso por varios exaltados manifestantes. Forcejearon con él por su cámara. Se la dañaron. Le quitaron la cinta donde había grabado algunos excesos. Y le advirtieron que ay de él si seguía en lo mismo.
El periodista asegura que los atropellos ocurrieron a vista y paciencia de los dirigentes de la PIC. Ni se inmutaron.
—Lo que más me duele es que uno de ellos me conocía. Sabe quién soy. Sabe que no trabajo para Yanacocha. No sé qué pasó.
Sin imágenes que propalar y con los golpes aún frescos, a partir del 26 de noviembre Chávez canceló el programa. Cambió de rubro y lanzó Zona DJ, un espacio musical de video clips. No más noticias por el momento. Por ahora, los seguidores del noticiario deben conformarse con las caderas de Shakira y los disfuerzos de Justin Bieber.
Sin embargo, el acoso continuó. El 29 de noviembre, cuando la PIC y sus seguidores quemaron las oficinas de Conga y Galeno (otro proyecto minero), le advirtieron a Jesús que mejor no salga de su casa. Que la turba quiere periodistas. Que son unos vendidos. Y que él es el primero en la mira.
—Pero con mi operador salimos. Corrimos a las oficinas del canal a sacar los equipos para evitar que los dañen.
Los periodistas de Celendín, en general, se preguntan en qué momento la PIC y la población de la provincia apuntó hacia el objetivo equivocado. Primero fue la minera misma, luego los enviados especiales de Lima que estuvieron algunos días cubriendo los hechos, pero de un momento a otro se ensañaron con los periodistas locales, incluso cuando algunos son recordados por sus compañeros mismos como simpatizantes de la protesta.
Por ejemplo, Jabán Vásquez Huancacuri. En Antena 1, el informativo Prensa Veraz apoyaba los reclamos con la voz alzada. Pero igual recibió amenazas y ataques. En total, según nos cuenta, seis llamadas anónimas a sus teléfonos y una visita inopinada de una turba que le exige cobertura total de los hechos.
—Vienen de una forma cobarde a amenazarme a mí y a mi familia. Denunciar hubiera sido echar más leña al fuego. Mejor era esperar a que calme la tormenta.
NADIE DENUNCIA
Agustín Moreno es el Defensor del Pueblo en Cajamarca. Cuando recibe nuestra primera llamada para saber qué había hecho su dependencia, se sorprende.
—Nosotros no hemos tenido conocimiento de agresiones a periodistas. Como no nos hemos enterado no hemos actuado de oficio. Vamos a tratar de indagar.
Dos semanas después, el Defensor del Pueblo no ha indagado el tema aún. Ahora, en nuestra segunda comunicación, precisa que para comenzar indagaciones alguien tiene que identificarse como afectado y eso es lo que precisamente no hay.
En efecto, ningún periodista ha denunciado ante el Ministerio Público ninguna agresión en su contra. Elías Herrera, asistente del sistema fiscal de la Segunda Fiscalía Provincial Penal Corporativa de Celendín no encuentra en su base de datos a algún denunciante que se identificara como periodista ni ninguno de los nombres que manejamos nosotros.
Los periodistas tampoco han ido a la policía a denunciar agresiones. El brigadier Pablo Díaz nos confirma eso en la puerta de la delegación policial de Celendín. Asegura que tampoco ha visto u oído nada sospechoso contra algún hombre de prensa. Que ha conversado con alguno que otro periodista y nadie le ha dicho esta boca es mía. Pero que de todas maneras, si es que ha habido agresiones, éstas han sido no solo contra los periodistas. Vaya consuelo.
El oficial reconoce que se vivieron días de furia. Que a los 29 oficiales asignados a la provincia tuvieron que sumarse, primero, 50 cuando se venían venir las cosas y luego muchos más para tratar de controlar lo que luego se tornó incontrolable.
—Llegamos a ser 500 efectivos. Nos enviaron refuerzos de Lima, Trujillo, Piura y Cajamarca. Ahora ya volvieron a sus sedes. Ahora todo está tranquilo.
Tranquilo. Sí. Nadie sabe por cuánto tiempo.
Dirigente de la Plataforma Interinstitucional Celendina. Encabezan los bloqueos de carretera y azuzan las amenazas a los periodistas. Fotografía: Jesús Chávez.
¿COINCIDENCIAS?
Elí Guerrero Vílchez accede a hablar. Pero no quiere fotos. “En estas circunstancias, es mejor no”, insiste. Hemos pactado una entrevista. Ha asistido. Es cauto, mide sus palabras. No sólo queremos que nos cuente que le pasó como conductor de Onda Informativa, noticiero oficial de Radio Éxito, sino que siente su posición como Presidente de la Federación de Periodistas de Celendín.
Guerrero intenta ser prudente. Reconoce que presión sí ha habido pero no acusa a nadie en particular. Prefiere ni mencionar a la PIC. Se abstiene de dar nombres. Pero no niega las agresiones. El 24 y 25 de noviembre, en plena efervescencia del paro, su casa fue blanco de piedras lanzadas para advertirle que se alineara.
—Seguí con el programa pero tuve que limitar… digamos, en un 40%, las informaciones que abordaran el tema de la minera.
A esa autocensura, le tocó vivir un capítulo personal, como sacado de tragedia griega. Su madre fue atropellada por un vehículo en plenas manifestaciones. Tuvo que ser evacuada a Trujillo para un tratamiento especial, donde falleció.
—Cuando con mi hermano decidimos salir a Trujillo para recoger los restos de mi madre, la turba se opuso, nos impidió la salida.
Pero Guerrero prefiere no ahondar en estos episodios. Cuando le pedimos que, como Presidente de la Federación de Periodistas, evalúe la situación que atraviesan él y sus colegas en Celendín, admite que las presiones van a seguir. Y que le preocupa la autocensura. Pero qué se va a hacer: hay hijos y esposa de por medio.
¿Por qué finalmente soportar tanto? ¿Por qué no denunciar? ¿Por qué no confiar en las autoridades?, le preguntamos.
—Celendín no es Lima. Acá no hay Defensoría (del Pueblo). Acá, hacer una denuncia significa encontrarte después con el denunciado por la calle… es incómodo.
Insistimos. No denunciar los abusos a la prensa no solo significa proteger a los periodistas sino también a los ciudadanos en su derecho a estar informados. ¿No le parece que hoy, con la disminución de informativos, a la población celendina se le está privando de un derecho?
—Es solo coincidencia. Es una época en que los periodistas transamos con los dueños de los medios los contratos y la formación de equipos. Además, está el carnaval que nos está dando una tregua en todos los sentidos. Ahora los periodistas preferimos dejar que pase (pues toma todo febrero) y ver cómo volvemos.
Guerrero Vílchez añade que la mayoría de informativos no cerró con las presiones de la PIC o los manifestantes. Sólo acomodaron su línea. Si después cerraron fue por una tradición de fin de año, que es cuando se detienenen los noticiarios, acá y en cualquier parte.
Algo ha de haber olvidado el Presidente de la Federación, según su colega Salvador Sánchez Núñez, con quien conducía La Voz del Pueblo cada sábado al medio día. El espacio —suerte de magazine con análisis político y social, que iba en radio Antena 1 en cadena con Radio Caliente y con una versión filmada en diferido para Imagen TV— tuvo que cancelarse porque ambos conductores sintieron que las presiones no les dejaban otra salida, asegura Sánchez.
El periodista ya había recibido llamadas telefónicas y encaramientos amenazantes hasta que un día la tensión se rompió. El 29 de noviembre, tras reportar sobre unos sucesos violentos a RPP, en su calidad de corresponsal de Celendín, unos 40 supuestos ronderos lo interceptaron cerca de su casa para darle de latigazos.
—Querían que me sume a las manifestaciones e incluso que suba al estrado de la plaza de armas para que haga mis descargos.
Como Salvador Sánchez no accedió a los pedidos de rectificación, en los días siguientes su nombre fue vapuleado desde los altoparlantes con los que se potencia el tono de las consignas de “Prensa vendida” y “Periodistas enemigos del pueblo”.
—Se dedican a descalificarme, mellando mi honor y además los años que tengo como profesor. La turba tiene la intención de ajusticiarme. Yo no pude salir de casa durante ocho días.
Mañana: las amenazas no son sólo físicas.








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