Grupo Renco no pagaría nada por la fundición de La Oroya

Dos niñas van a la escuela en uno de los 10 sitios más contaminados del mundo: La Oroya. Fotografía: National Geographic.

En la entrega anterior vimos el complejo entramado de deudas y fusiones de las empresas de Ira Rennert. En mayo del 2001 ocurrió un hecho crucial: Doe Run Mining, que ostentaba las deudas familiares por la adquisición de MetalOroya (DRP, US$125 millones; y Banco de Crédito Overseas, US$125 millones), es absorbida por DRP. Es el segundo fallecimiento en la familia y tiene consecuencias contables millonarias.

escribe Gema Pons

La primera consecuencia de la absorción de Doe Run Mining es que lo que ésta le debía a DRP (y antes a MetalOroya) desaparece por consolidación. Sin embargo, no hay que olvidar que aunque el dinero desaparezca contablemente, en octubre de 1997 MetalOroya sí le entregó a Doe Run Mining los US$125 millones con los que amortizó parte del préstamo que Doe Run Mining obtuvo del Bankers Trust para la adquisición de MetalOroya.

Y en cuanto a los otros US$123 millones que completaban la cifra de US$248 millones aportados para adquirir el complejo, Doe Run Mining ya había devuelto gracias al préstamo que recibió del Banco de Crédito Overseas (y garantizado por Doe Run Resources), US$100 millones al Bankers Trust y US$23 millones a Doe Run Resources. Pero seguían quedando US$125 millones más intereses en el aire… debiéndose por Doe Run Mining al Banco de Crédito Overseas. Y claro, la deuda fue asumida por DRP como consecuencia de la absorción de su hermana cuando falleció. De esta manera, a la muerte de Doe Run Mining, DRP no solamente pierde un crédito de US$125 millones, sino que además gana una deuda de otros US$125 millones, convirtiéndose en el deudor del préstamo que tomó su matriz para la adquisición de MetalOroya.

En otras palabras, de los US$248 millones pagados por el “patriarca” Grupo Renco para adquirir el complejo, US$125 millones se habían devuelto y después habían desaparecido contablemente, US$23 millones habían regresado también a Doe Run Resources y US$100 millones se debían a un banco. Es destacable que entre todas estas sumas no hay inversión o inyección de capital por parte del Grupo Renco en la privatizada MetalOroya cuatro años atrás.

El paso final del fraude. DRP pierde un crédito y gana una deuda. Infografía: revista Poder.

Pero volvamos a los US$125 millones más intereses que se deben al Banco de Crédito Overseas y que todavía tenían que seguir cambiando de manos, porque Doe Run Resources iba a subrogarse como acreedor produciendo todo un lío ante el Indecopi nueve años después. Así, en septiembre del 2002, el banco ejecuta la garantía que había puesto Doe Run Resources con sus bonos para que DRP, antes Doe Run Mining, consiguiese el préstamo con el que Doe Run Mining amortizó créditos destinados a la adquisición de MetalOroya. Como consecuencia, DRP ya no le debe al banco sino a su hermana Doe Run Resources dinero que, en el origen de esta historia, fue un préstamo obtenido del Bankers Trust para pagar su adquisición: US$125 millones más US$14 millones de intereses: en total, US$139 millones.

El caso no acaba ahí. Porque esos US$139 millones que DRP debe a su hermana Doe Run Resources se reflejan en un pagaré que va cambiando de manos, pasando a nuevas empresas primas hermanas, siempre dentro de la familia empresarial (Doe Run Acquisition y Doe Run Cayman Holdings), hasta llegar Doe Run Cayman, actual acreedora de DRP.

El Indecopi se metió en este lío familiar reconociendo la validez del pagaré en marzo del 2011 y, por consiguiente, los derechos como acreedor de Doe Run Cayman, por US$139 millones procedentes de esta deuda más otros US$17 millones por otros conceptos: total US$155 millones, en el marco de la Ley General del Sistema Concursal, que permite la existencia de acreedores vinculados al deudor (como esta empresa prima hermana de DRP). Si Doe Run Cayman logra que se le pague esta “deuda” como parte del proceso de reestructuración, finalmente el Grupo Renco terminaría no pagando nada por la adquisición de MetalOroya.

Tras superar las inhibiciones de dos de sus miembros, Indecopi también le ha reconocido al Ministerio de Energía y Minas una deuda de US$163 millones como consecuencia del incumplimiento en financiar y poner en marcha la planta de ácido sulfúrico contemplada en el PAMA, dinero que, cuando se cobre por el Estado de acuerdo con el plan de reestructuración, se destinará a la ejecución de dicho proyecto, o lo que es lo mismo, a la culminación del PAMA lanzado en 1997. Empresas mineras, entre ellas Cormin, Minera Buenaventura, Pan American Silver, Minera El Brocal y Minera Volcan y finalmente, otros deudores menores, como la Sunat o los trabajadores, completan el grupo de acreedores.

LA REESTRUCTURACIÓN Y LOS CARGOS

Un informe elaborado por el estudio Benites, Forno y Ugaz en torno de las movidas financieras que le permitieron al Grupo Renco no hacer ningún aporte de capital efectivo a la refinería y además que una empresa vinculada se convirtiese en acreedor de DRP, afirma que el señor Rennert montó un meticuloso sistema de transacciones y reorganización empresariales destinado a apropiarse de MetalOroya sin cumplir realmente con la contraprestación debida al Estado. En cuanto al aporte de capital y posterior préstamos, indica que este fue fraudulento. Respecto al proceso de fusión, señala que constituyó una apropiación ilegítima del capital de MetalOroya en perjuicio evidente de sus trabajadores y sus acreedores.

Es basado en estos argumentos que Cormin, comercializadora de minerales y uno de los acreedores de Doe Run en la junta del Indecopi, en abril del 2011 demandó ante el Juzgado Civil Subespecialidad Comercial de Lima, la nulidad del crédito de Doe Run Cayman, solicitándole la suspensión de la junta como medida cautelar. Asimismo, se opuso ante el Indecopi a que Doe Run Cayman hiciese valer dicho crédito en la junta, tachándolo de fraudulento y solicitando la nulidad de su reconocimiento por el Indecopi, puesto que reconoció obligaciones cuyo fin era ilícito.

En la medida en que el Indecopi es un ente administrativo y no judicial, este pedido fue descartado. La resolución del instituto estatal defensor de la competencia no significa un reconocimiento de la licitud de todo el entramado financiero: solo un reconocimiento a la existencia del documento acreedor.

Doe Run suele utilizar a la población de La Oroya para que presione por la empresa. Fotografía: EFE.

Igualmente, Cormin acudió al Ministerio Público, demandando a Ira Rennert y a su directivo Albert Bruce Neil por los delitos contra la confianza y la buena fe en los negocios, insolvencia fraudulenta y contra la función jurisdiccional, así como por falsa declaración en procedimiento administrativo.

Cormin apunta a que desde el primer momento, allá en 1997, Mr. Rennert tenía la intención de incumplir e hizo un aporte simulado, defraudando al Estado peruano conforme a un plan criminal. Señala la comisión de los delitos de estafa o incluso, alternativamente, de colusión desleal, si se demuestra que hubo funcionarios públicos que no supervisaron adecuadamente el cumplimiento de las obligaciones contraídas por el grupo. Es por eso que a pesar de haber votado a favor del proceso de reestructuración y porque se designe a Doe Run como administrador del proceso y como encargado de presentar el plan de reestructuración, Cormin seguirá con los procesos judiciales en curso.

Consultado el ministro de Energía y Minas, Jorge Merino, sobre la posición del Estado frente a estos juicios, señaló que al ser una denuncia que no ha sido formulada por el Estado, no debería emitir ninguna opinión y solo esperar la conclusión de los tribunales. Es decir, el Estado es el principal afectado, pero con este gobierno tampoco es.

Por su parte, los abogados de Doe Run señalan que el contrato de privatización y una consulta posterior que hizo la empresa le permitía a su representada usar libremente el aporte de capital. Resulta extraño que abogados especializados en temas empresariales consideren que un aporte de capital y de un proceso de privatización pueda ser empleado para inmediatamente prestarle dinero a una compañía vinculada.

TRES ESCENARIOS Y AL DIABLO CON EL PAMA

Tanto Cormin como los demás acreedores privados y el Ministerio de Energía y Minas han nombrado a un supervisor que se encargará de velar, primero, por la elaboración de un plan de reestructuración que satisfaga los intereses de los acreedores, y de ser así, que se encargue luego de la supervisión del cumplimiento del plan. La entidad encargada de tamaña responsabilidad será Apoyo Consultoría.

Si en 60 días hábiles contados a partir del 18 de enero no se llega a un acuerdo sobre el plan de reestructuración, la empresa podría ser declarada en liquidación, aunque bajo la modalidad de una compañía en marcha podría ser vendida a un operador interesado. En ese lapso también podría pasar que la consultora no se encuentre satisfecha o confiada de los planteamientos que el administrador, DRP, haga para el plan de reestructuración, y decida comunicárselo a los acreedores para que tomen una decisión o tal vez retirarse de la supervisión del proceso.

En el primer escenario, la junta de acreedores tendría que volver a plantear un nuevo administrador.

Lo que la mayoría de acreedores cree es que Doe Run jugará con la premura del tiempo para jalar agua para su molino. Asimismo, existe casi total certeza de que el Estado terminará siendo uno de los que tendrá que ceder más en sus expectativas de que se cumpla con el pago para la ejecución del PAMA. Bajo la lógica seguida ahora por todos los gobiernos sometidos al chantaje de la empresa y, a través de esta, de la población de La Oroya, el gobierno se verá en la necesidad de ser lo más flexible posible para asegurar el reinicio de las operaciones. En este contexto, y considerando la modalidad bajo la que opera Ira Rennert en diferentes países, en el mejor caso intentará cumplir con los acreedores privados y en algún momento podría poner nuevamente al Estado contra la pared respecto de los recursos necesarios para el cumplimiento del PAMA.

Con anterioridad, Mr. Rennert ha seguido estrategias empresariales similares que apuntan a que pueda haber seguido un patrón en la adquisición de MetalOroya. La revista Vanity Fair le describía como el hombre cuyo “talento consistía en hallar compañías con suficientes problemas como para venderlas al valor de sus activos, generalmente luego del fracaso de una subasta”.

Desembolsos mínimos por las compras, dejando ese papel a las entidades financieras, emisión de ‘bonos basura‘ de baja calificación y alto rendimiento, y una desmedida transferencia de fondos de las compañías de Rennert a Renco son los elementos claves de sus adquisiciones de WCI Steel (1988), Magnesium Corp.(1989), AM General (1992), Baron Drawn Steel Corp. (1993), Unarco Material Handling (1995) y Lodestar (1998). Además, cabe citar el caso de Magnesium Corp., que fue demandada por la Agencia de Protección Ambiental, de Estados Unidos, exigiendo reparaciones por US$900 millones. La empresa se declaró en quiebra.

Ese es el modo de operar de las firmas del Grupo Renco. Si Ira Rennert considera que todavía hay pan que rebanar en MetalOroya, intentará permanecer en la operación con el menor esfuerzo (inversión y cumplimiento de acreencias) posibles y tratando exprimir la operación al máximo. Cuando considere que ya no lo hay, se irá por sí mismo.

El plazo para decidir el futuro de La Oroya está cada vez más cerca. Fotografía: Oxfam.

En el camino, cabe preguntarse por qué hasta ahora el Estado —ninguno de los gobiernos— ha tomado las cartas en el asunto de los fraudes implementados por Doe Run.

El primer acto fraudulento, el préstamo otorgado con los recursos del aporte de capital, ya prescribió (¿algún exministro o funcionario público no debería responder por esto?). Pero el proceso de fusiones empresariales y emisión de bonos por el cual DRP terminó siendo deudor de un dinero que le debían previamente no prescribe hasta este año. Por tal motivo Cormin ha iniciado y continuará con el proceso judicial en paralelo, mientras que el Estado brilla por su ausencia. ¿Qué pasaría si Cormin gana la demanda en el Poder Judicial considerando las evidencias mencionadas durante este artículo? ¿Quedaría invalidado todo el proceso concursal? Si así es solicitado por uno de los acreedores, podría ser. Con lo cual, todo volvería a comenzar.

Es necesario recordar aquí que tres acreencias principales aglutinan la mayor parte de la deuda de DRP: Doe Run Cayman, el MEM y distintas empresas mineras. El crédito de Doe Run Cayman por sí solo no le concede el peso suficiente para aprobar en solitario un plan de reestructuración a la medida, pero podría alinearse, por ejemplo, con el MEM para conseguir el 72.1% del peso de las acreencias y dominar así el proceso, ya que con el 66.6% se aprobaría el plan de pagos. Este alineamiento podría producirse bajo el antiguo (y absurdo) argumento de que solo Doe Run sabe cómo operar esa refinería y que la presión de la población obligaría el gobierno a tomar esta postura.

Tampoco hay que olvidar que la viabilidad de las operaciones del complejo pasa por dos condiciones que el Grupo Renco no puede controlar en solitario: la provisión sostenida de concentrados por las empresas mineras y la extensión del plazo por el gobierno para cumplir con el PAMA. La entrada en escena del grupo suizo Glencore, con quien Doe Run Peru ha mantenido ya negociaciones, facilitará que se produzca la primera condición y que la empresa vuelva a sus actividades. En cuanto a la segunda condición, todo apunta, como ya se ha dicho, a que el Estado nuevamente prorrogará el PAMA. ¿Hasta cuándo? Es una cuestión por verse. Y nuevamente las preguntas: ¿aportará Mr. Rennert capital fresco de sus arcas?, ¿confiará en una nueva emisión de bonos tóxicos o conseguirá un nuevo préstamo volátil para alguna de sus hijas? No vale sonreír.