El alcalde de Trujillo mantendría una relación sentimental con gerenta que distribuye millonaria partida.

Hace unas semanas, y ante la publicación de la investigación de INFOS en la revista Poder sobre la irregular administración de la partida de subvenciones en la municipalidad de Trujillo, su alcalde, César Acuña Peralta, sentó en conferencia de prensa a los “gerentes involucrados” en el escándalo, a quienes pidió se hagan todas las preguntas sobre el caso.

Sin embargo, la ausencia de una importante funcionaria de la municipalidad, y a quien INFOS había identificado como una de las principales responsables de la ejecución de subvenciones sociales, llamó la atención al no ser presentada en la reunión con la prensa. Esa funcionaria se llama Tania Baca Romero, y es la gerente de Desarrollo Social del municipio trujillano.

El ocultamiento se convirtió en encubrimiento la semana pasada, cuando en sesión de Consejo los regidores de Alianza para el Progreso (APP), partido de César Acuña, evitaron votando en bloque, y en mayoría, contra la presentación de Baca Romero para explicar la denuncia hecha por INFOS. ¿Por qué el especial tratamiento que viene recibiendo la funcionaria?

Hace unos días INFOS recibió unas imágenes que responden a esa pregunta. El alcalde César Acuña y Tania Baca mantendrían una relación sentimental, la misma que hoy cobra especial relevancia y pleno interés público y periodístico, al tratarse de la titular de la Gerencia de Desarrollo Social. Esta fue  la instancia municipal que entregó masivamente subvenciones sociales a partir del 2008, cuando este esquema de desvío de recursos públicos ya había sido implementado por la gestión Acuña.

Como se recuerda, en su defensa, Acuña manifestó que la entrega de subvenciones era responsabilidad de sus gerentes, y que “si alguien debe ir a la cárcel por esto son ellos, y no yo”. Sin embargo, el distanciamiento que el alcalde de Trujillo quiso marcar desde un inicio con sus gerentes, parece desvirtuarse ante la cercanía que mantiene con quien dirige la gerencia que más subvenciones entregó, y a quien en su última edición la revista Caretas identifica como “la actual pareja de César Acuña”. Las imágenes también fueron publicadas hoy por “Hildebrandt en sus trece”.

Proselitismo político

Acuña con la gerente de Desarrollo Social, principal ejecutora de la partida de subvenciones

Solo el 2009 y el 2010, la Gerencia de Desarrollo Social liderada por Tania Baca, con la firma de César Acuña, tramitó “exitosamente” 346 resoluciones por subvenciones sociales, entre las que se incluye la polémica Resolución de Alcaldía N° 995-2010, que distribuyó cheques por medio millón de soles entre 250 comedores populares apenas a dos semanas de las elecciones municipales de ese año, en las que Acuña se reeligió.

Uno de los actuales gerentes de su gestión municipal dijo para esta nota “la influencia de Tania Baca es tal, que incluso presiona a la Gerencia de Planeamiento y Presupuesto cada vez por más recursos”, lo que se comprueba con el desbordante crecimiento de la partida de subvenciones sociales, principalmente aprovechada por la Gerencia de Desarrollo Social, que se incrementó en 500% desde el 2007 al 2010, año en el que el monto de subvenciones sobrepasó los S/. 3 millones y que se ejecutó en mayor parte en plena campaña electoral.

 Quién es Tania Baca

La funcionaria municipal, egresada de la Universidad César Vallejo, de propiedad del alcalde, es una de las  pocas funcionarias de alto rango que se ha mantenido en el mismo cargo desde que Acuña asumió la alcaldía de Trujillo en el 2007. Desde su puesto, como aseguraron a INFOS varias fuentes, la gerente se ha hecho de gran poder e influencia en las decisiones municipales, al punto de ser incluso motivo de conflicto con el actual cuerpo de regidores de APP.

Baca, además, pertenece al círculo más íntimo del alcalde trujillano. “No solo es funcionaria, sino su principal operadora política”, afirmó una ex colaboradora de la campaña a la reelección de Acuña; mientras que uno de los trabajadores municipales la identificó como “la número 2, solo después del alcalde”.

Las imágenes que hoy se publican se ofrecieron en varias oportunidades a políticos y medios de comunicación locales, y hoy INFOS considera importante darlas a conocer luego de haber explicado al detalle cómo se implementó y ejecutó el esquema de subvenciones sociales, que administró dinero público de manera irregular.

Baca, quien es soltera, fue señalada como compañera sentimental de Acuña por la ex esposa del alcalde, Rosa Núñez. “Eso es vox populi, todo Trujillo lo sabe”, dijo para esta nota. Las fotos corresponden a una reunión social realizada hace año y medio, según las fuentes. Intentos de comunicarse con Baca no fueron exitosos. Cuando se entabló conversación, ella cortó el teléfono al conocer el motivo de la consulta.

Por lo menos cinco fuentes del entorno del alcalde confirmaron a INFOS que esta relación sentimental existiría. El regidor de oposición Luis Carlos Santa María dijo: “Es un comentario común entre los trabajadores de la municipalidad, quienes incluso se sienten maltratados por el creciente poder de la señora, basado en una supuesta relación con el alcalde”.

Luego de la difusión del informe de investigación de INFOS, publicado por la revista Poder y el portal LaMula.pe, el alcalde de Trujillo, César Acuña Peralta, ofreció una conferencia de prensa para “aclarar” el tema. Sin embargo Acuña no respondió ninguna pregunta de la prensa y exigió más bien a los “gerentes involucrados”, a quienes sentó con él en la conferencia, que respondan las interrogantes.

“Si alguien tiene que ir a la cárcel por esto son los gerentes o los sub gerentes, no se preocupen, que yo tengo que salir por la puerta grande”, afirmó el alcalde de Trujillo, sorprendiendo a funcionarios y periodistas.

–Yo no pedí la plata. Me la ofrecieron. Me hicieron firmar y luego me afiliaron al partido del alcalde –dice a INFOS Juana López Mallqui, del sector Buenos Aires, en la periferia de Trujillo, narrando cómo recibió un subsidio de S/.1.000, autorizado a dos semanas de las elecciones municipales del 3 de octubre del 2010.

López es el botón de muestra de un sistema de desvío de fondos públicos establecido por el alcalde de Trujillo, César Acuña Peralta, para financiar su base de apoyo político, mediante subsidios que autoriza para militantes de su partido y la celebración de múltiples fiestas para los sindicatos de la comuna, entre otras modalidades. Aunque el burgomaestre no se benefició personalmente con las operaciones, estas lo habrían hecho incurrir en los delitos de peculado y malversación de fondos, de acuerdo con opiniones jurídicas recogidas para esta investigación.

Durante más de un año, INFOS revisó un millar de documentos y entrevistó a más de treinta personas, comprobando cómo el burgomaestre e incipiente candidato presidencial, dispuso y dispone de una partida especial proveniente de las cuentas del municipio, de la que, a sola firma, destina recursos públicos a fines ajenos a la misión municipal.

El desvío de fondos benefició la campaña reeleccionista de Acuña a la alcaldía en el 2010. Decenas de militantes de Alianza para el Progreso (APP), su partido, recibieron cientos de miles de soles que solicitaron a una partida de ‘subvenciones sociales’ del gobierno local. También con dinero público, el municipio  financió irregularmente hasta treinta fiestas de los trabajadores ediles. Tres millones de soles, un poco más de la tercera parte de los fondos entregados de esta partida durante la primera gestión de Acuña, no fueron justificados por los beneficiarios.

Así, la llegada de Acuña a la Municipalidad Provincial de Trujillo en el 2007 no solo rompió con el histórico predominio aprista en La Libertad, sino que significó, progresivamente, la consolidación de un inédito modelo de proselitismo basado en acuerdos de Concejo, resoluciones de alcaldía y otras directivas internas, todo armonizado para burlar el sistema de gasto y control del presupuesto público del Estado.

EL MODELO

En los enrevesados presupuestos públicos municipales y regionales existe una humilde partida denominada ‘subvenciones’. Esta permite a las municipalidades destinar dinero a instituciones benéficas, sociales o culturales, recursos que -por la naturaleza de sus funciones- estas instituciones no logran captar del sector privado. Mediante las subvenciones una  municipalidad hace que otros provean los servicios que ella no brinda.

La Municipalidad de Puno, por ejemplo, dota anualmente con dinero de esta partida a la Compañía de Bomberos. La Municipalidad de Sullana destina recursos para el asilo de ancianos. La Municipalidad de Miraflores aprobó hace unos años una subvención para la asociación de vecinos afectados por el atentado de Tarata de 1992.

En el caso de Trujillo, esta partida, de S/.600 mil anuales en promedio hasta la gestión municipal anterior, fue fortalecida durante los primeros cuatro años de César Acuña como alcalde, hasta llegar a incrementarse en 500% en el 2010. Ese año superó los S/.3 millones. Hasta aquí, ninguna irregularidad.

El artículo 60 de la Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto regula la planificación y administración de las subvenciones en los presupuestos anuales de gobiernos regionales, municipalidades e incluso en el Consejo de Ministros. Un requisito es que los fondos provengan de recursos directamente recaudados por la institución pública, lo cual nunca representó un problema para Acuña. Pero otra condición obliga a que las subvenciones sean aprobadas por el ‘Acuerdo respectivo’. Para este caso, por Acuerdo de Concejo Municipal, integrado por regidores oficialistas y de oposición.

El 5 de marzo del 2008, el Concejo Municipal de Trujillo, a través del Acuerdo de Concejo 051-08, resolvió: “Otorgar al señor alcalde la facultad de disponer de los fondos presupuestados para otorgar subvenciones de apoyo social”. Y lo que parecía haber sido una repentina cuestión de confianza, se convirtió en una política: desde entonces, durante los primeros meses de los últimos cinco años, acuerdos de Concejo con el mismo tenor han terminado “autorizando al señor alcalde la disposición discrecional administrativa de los montos asignados a atender subvenciones sociales”. Ello, luego de incrementar año a año el monto de la partida.

APP, el partido del que Acuña es líder y dueño, ha tenido  mayoría en el Concejo Municipal durante sus dos periodos. Esto facilitó la aprobación de los polémicos acuerdos, siempre a solicitud de los regidores oficialistas Gloria Montenegro y Pablo Penagos. Lo sorprendente es que la mayoría de estas autorizaciones fueron concedidas por ‘unanimidad’. Así, el Concejo Municipal le renovó año a año un cheque en blanco al alcalde trujillano, inhibiéndose de su función fiscalizadora.

Sin embargo, Luis Santa María, regidor por el Apra, e integrante de la oposición en el Concejo Municipal de Trujillo, dijo para esta nota que el Concejo sí aprueba algunas de las subvenciones. “Nosotros avalamos a instituciones de amplia y conocida trayectoria como la Compañía de Bomberos, la Orquesta Sinfónica o el Asilo de Ancianos, aunque reconozco que, de buena fe, delegamos en el alcalde la decisión de invertir el resto de la partida, por un tema de celeridad. Lo que ocurra con ese dinero es de su responsabilidad”.

César Acuña, en suma, tiene la última palabra sobre a quién se destinan los recursos de la partida, los mismos que su gestión ha denominado ‘subvenciones sociales’.

PLATA PARA TODOS

Con el respaldo ‘legal’ otorgado por el Concejo Municipal bajo el brazo, a la gestión Acuña solo le faltaba un pequeño paso para que se inicie en Trujillo la más insólita repartición de subsidios sociales de los últimos años.

Siempre  en el 2008, año clave para la implementación de este esquema de desvío de recursos, el Decreto de Alcaldía N° 031-08 aprobó la directiva ‘Procedimientos para la emisión y control de las subvenciones sociales en la Municipalidad Provincial de Trujillo’, que norma la solicitud y rendición de cuentas de los dineros a entregarse. Con ella, Acuña terminó por abrir el caño. Pues además de las instituciones o entidades no públicas como potenciales beneficiarias, podrían también recibir dinero personas naturales, con necesidades disímiles. El decreto contraviene abiertamente las directivas del MEF, el cual solo menciona a ‘personas jurídicas no públicas’ como beneficiarias de una subvención.

La noticia no demoró en extenderse entre los barrios periféricos y menos favorecidos de la ciudad. Al municipio comenzaron a llegar solicitudes de subvención por enfermedad, pobreza o desastre, todas de zonas que representan un significativo bolsón electoral para APP. Pero cuando el dinero empezó a ser entregado, APP no solo se benefició con los réditos políticos de esta iniciativa. Además, algunas de las más altas sumas de dinero entregadas por la municipalidad fueron a parar a manos de afiliados al partido del alcalde (ver tabla Afiliados a APP beneficiados con subvenciones sociales).

¿Cuál fue el criterio técnico para la distribución del dinero de la partida? Hay un patrón que parece repetirse: mientras que las personas no afiliadas al partido del alcalde contaban con las subvenciones por centenares de soles, los afiliados al partido lo hacían por miles. Varios de los afiliados a APP incluso recibieron fondos más de una vez, y por diferentes motivos. Por ejemplo, Perpetua Elena Jaico Paredes, Mayer Adamir Cabrera Guevara y Jeannette Flores Gutiérrez obtuvieron adicionalmente el año pasado S/.12.840, los dos primeros, y S/.25.680, la última, para la compra de aulas prefabricadas.

Con el objetivo de canalizar tanto las subvenciones sociales que iban a atender las ‘necesidades’ de los afiliados al partido, como las de fiables instituciones que reciben el beneficio desde la larga gestión aprista anterior (Compañía de Bomberos, Asilo de Ancianos, Liga Peruana de Lucha contra el Cáncer, etc.), la Municipalidad Provincial de Trujillo apostó por fortalecer su Gerencia de Desarrollo Social.

Liderada por la licenciada Tania Baca Romero, esta gerencia se convirtió en la principal maquinaria política de César Acuña, quien para entonces, 2009, ya hablaba de su reelección. Un alto funcionario de esa municipalidad dijo para este informe: “No se imagina el poder que ha acumulado la Gerencia de Desarrollo Social, al punto de presionar a la Gerencia de Planeamiento y Presupuesto, cada vez por más recursos”.

CAMPAÑA PROPIA, DINERO AJENO

El 30 de junio del 2010 y, sobre un tabladillo con los colores de APP instalado en la Plaza de Armas de Trujillo, el alcalde César Acuña, rodeado de decenas de madres de familia, representantes de comedores populares de 11 distritos de la ciudad, hizo un importante anuncio: cada una de ellas recibiría cheques de entre S/.1.000 y S/.3.000 para mejorar las instalaciones de las organizaciones que lideran. Los aplausos estallaron. Tania Baca, responsable de que esas mujeres estuvieran allí, se animó a cantar: “Acuña, lealtad”.

La reunión tuvo lugar apenas tres días antes de que entrara en vigencia el plazo de tres meses previos al día de la elección, en el que las autoridades postulantes a reelección no pueden encabezar actividades que pudieran influir en el voto. Sin embargo, la autorización para la distribución del dinero allí prometido llegó en plena campaña electoral: la Resolución de Alcaldía N° 995-10, firmada por Acuña, distribuyó cheques por casi medio millón de soles entre 251 organizaciones sociales de base (OSB), el 13 de setiembre del 2010. Apenas tres semanas antes del 3 de octubre, día de las elecciones municipales que ganó.

El lector no se equivoca al deducir de dónde provinieron esos fondos. Pero de lo que no tiene idea es de cómo se gestionó, al interior de la municipalidad, ese dinero.

No fueron las representantes de los comedores quienes solicitaron las subvenciones sociales. Al contrario, durante los meses que duró la última campaña municipal, la Gerencia de Desarrollo Social se convirtió en una fábrica de solicitudes: funcionarios ediles recorrieron los comedores populares, llenaron solicitudes a nombre de sus representantes, luego las hicieron firmar por ellas e ingresaron los documentos de manera irregular a la municipalidad, vía Mesa de Partes.

Obran, en poder del autor de este informe, las solicitudes supuestamente redactadas por las representantes de las OSB: es evidente que fueron llenadas por tan solo tres tipos de letra. Es decir, solamente por tres personas.

Pero la irregularidad se convirtió en fraude, de acuerdo con especialistas consultados. Todas las solicitudes, que se convirtieron luego en cheques por S/.431 mil, fueron ingresadas a la municipalidad el mismo día, el 27 de junio del 2010, domingo, tal como figura en los cargos.

La improbable historia que cuentan estos documentos es la siguiente: 251 mujeres, provenientes de 11 distritos de Trujillo, llegaron un domingo no laborable a las oficinas municipales a ingresar solicitudes por subvenciones sociales.

Ni siquiera el software que registra el día y la hora de ingreso de documentos a la municipalidad sustenta el supuesto: el sistema muestra que las solicitudes se recibieron una tras otra el sábado 26 de junio del 2010, un día antes. Increíblemente, no especifica la hora, como se aprecia en un reporte impreso del archivo digital de Mesa de Partes que una fuente entregó a INFOS durante el proceso de investigación.

Para esta nota se entrevistó a diez de las representantes de comedores populares que recibieron una subvención social durante la campaña electoral del 2010. Ninguna de ellas reconoce haber llenado las solicitudes de fondos: la letra no les pertenece; ellas no ingresaron los documentos a la municipalidad y coinciden en que no pidieron el dinero, sino que fueron funcionarios quienes las visitaron y se lo ofrecieron.

A Juana López Mallqui, del sector Buenos Aires, por ejemplo, los papeles que firmó la terminaron incluso afiliando a APP.

No solo los comedores populares se vieron beneficiados en el año electoral 2010, cuando las subvenciones llegaron a su pico más alto de S/.3.3 millones. Así como ellos, casi 300 colegios de Trujillo recibieron cheques por S/.5 mil cada uno para la compra de computadoras. Solo a través de tres subvenciones colectivas (ver tabla en página anterior), la gestión Acuña distribuyó cheques por S/.2 millones: el 60% de la partida de ese año.

¿Pero cómo pudo Acuña disponer de tal cantidad de dinero en un año especialmente sensible por la contienda electoral? Consultado para esta nota (ver la entrevista completa en las páginas siguientes), el alcalde de Trujillo dijo que las subvenciones ‘de montos altos’ como estas las aprobó el Concejo Municipal, negando que la decisión la haya tomado solo. Sin embargo, dos regidores de oposición, Edward Berrocal y Luis Carlos Santa María, lo desmienten.

“No es cierto, el Concejo no aprueba las subvenciones altas del alcalde. Por ejemplo, la subvención a los clubes de madres, en plena campaña electoral, no tiene ninguna aprobación. Tal es así que tuvieron que modificar el presupuesto para cubrirla. Tampoco aprobamos las subvenciones de ese año para colegios”, dice Berrocal. Santa María, mientras tanto, señala que no tendría sentido que el alcalde les pida aprobar ese tipo de subvenciones colectivas, toda vez que ya cuenta con la autorización del uso de la partida que le ceden todos los años.

Una prueba más del abuso de la partida de subvenciones durante el 2010 es la siguiente: ese año se presupuestaron S/.2 millones para ella, pero al terminar el periodo se terminaron gastando S/.3,3 millones, un aumento de más del 50% del dinero que inicialmente se proyectaba invertir en el 2010, como consta en el Presupuesto Institucional de Apertura de ese año.

LA FIESTA INTERMINABLE

El lado más exótico del modelo Acuña es el uso de la partida de subvenciones sociales para pagar fiestas de sus trabajadores. Casi medio millón de soles fueron destinados a esos fines. Durante los cinco primeros años de César Acuña como alcalde, 27 resoluciones de Alcaldía, firmadas por el burgomaestre, fueron a pagar el mismo número de celebraciones para los tres sindicatos de trabajadores que integran la planilla edil. Así, los trabajadores del municipio gozan, en promedio, de una fiesta cada dos meses.

El Sindicato de Empleados Municipales de Trujillo (Semut), el Sindicato de Obreros Municipales de Trujillo (Somut) y la Asociación de Empleados Municipales (Adem), cada uno con sus propios intereses y lista de requerimientos sindicales, lograron conseguir montos de hasta S/.49 mil destinados a fiestas, como parte de la negociación anual con la municipalidad que concluye con la firma de un pacto colectivo.

Con ello, César Acuña compró una paz laboral que desde el inicio de su gestión le fue esquiva: al cuarto mes de su primer año en el municipio, una huelga de los trabajadores paralizó por tres días la municipalidad. El entonces reciente alcalde había hecho un polémico anuncio: doblar el horario de atención del municipio mediante un doble turno de trabajo.

El doble turno se instaló, con lo que la municipalidad contrató cientos de trabajadores nuevos para atenderlo, pero el crispado clima laboral de un inicio se convirtió en una apacible convivencia. Los trabajadores municipales, quienes venían de haber trabajado durante 16 años bajo cuatro periodos consecutivos de gobierno aprista, no volvieron a protagonizar manifestaciones como aquella con la que bautizaron al entonces novato alcalde.

Hoy cada asociación de trabajadores tiene fondos para sus propias actividades. Así, Somut (276 afiliados) suele festejar su aniversario institucional en el restaurante ‘El Sombrero’; mientras que Adem (450 asociados) prefiere contratar los servicios de ‘El Mochica’ o el ‘Club Libertad’; asimismo, las fiestas del Semut (298 afiliados) han sido animadas por reconocidas orquestas de cumbia del Norte del país, tales como Amaya Hermanos, Grupo América y los Hermanos Villacorta.

Las buenas relaciones entre los tres sindicatos han hecho posible que, pese a tratarse de actividades individuales, los integrantes de una u otra asociación puedan asistir a cualquiera de las celebraciones. Pero de los tres presidentes de los sindicatos, entrevistados todos para esta nota, la que se muestra más orgullosa de sus gestiones frente a la administración Acuña es Maruja Huertas, saliente dirigente de Semut. Además del financiamiento de las fiestas, ha logrado un beneficio especial para sus asociados: 50% de descuento en las pensiones de cualquiera de las carreras de la Universidad César Vallejo, de la cual es dueño el alcalde.

¡LIQUIDAN LO NO RENDIDO!

Entre el 2007 y el 2010, primer periodo municipal de Acuña, a través de 1.464 resoluciones de Alcaldía, que beneficiaron a 2.502 personas e instituciones, se distribuyeron S/.8 millones por concepto de subvenciones sociales. Cuando llegó el momento de hacer las cuentas, la propia municipalidad tuvo que aceptar que el modelo hacía agua.

Hoy existen, en los estados financieros de la Municipalidad Provincial de Trujillo, S/.3 millones de los cuales no se han rendido cuentas, dinero que la institución entregó, y de los que no tiene noticia ni certeza de que hayan sido invertidos en el objetivo de la solicitud. Los beneficiarios no remitieron al municipio las boletas y facturas que demuestren el correcto uso de los fondos públicos, conforme lo exige el reglamento de las subvenciones (ver gráfico en esta página).

La información se desprende de los balances anuales con los que el municipio cerró cada periodo: el 36% del total de dinero girado por subvenciones durante estos años no fue rendido. Ante ello, Acuña firmó la Resolución de Alcaldía N° 946-10, dando por liquidadas las subvenciones menores a S/.1.000 emitidas en el 2008 y en el 2009, y que no fueron rendidas. Para ese fin modificó el reglamento de subvenciones que su misma administración aprobó: cambió la exigencia de presentación de boletas y facturas, por simples declaraciones juradas.

—Esto es ilegal y delictivo. Ningún funcionario público puede hacer eso —dijo un exdirector general de Presupuesto Público.

Pese a los ‘saldos’ del modelo, César Acuña ha premiado a los funcionarios que planificaron y ejecutaron el esquema. Cada una de las directivas, decretos y resoluciones que sentaron las bases del mismo contaron con la aprobación y visto bueno del gerente de Asesoría Jurídica, Luis Valdez Farias, ferviente defensor del modelo de Subvenciones Sociales que, con su firma, avaló desde un inicio. En el 2010, el alcalde ascendió a Valdez a gerente general de la municipalidad, cargo que actualmente ostenta y desde el cual se ha convertido en su mano derecha.

Algo similar pasó con María Elena Neira Rodríguez, subgerente de Programas Alimentarios y una de las operadoras políticas de César Acuña en la Gerencia de Desarrollo Social. Luego de que el área que dirige fuese una de las responsables de las irregulares solicitudes de subvención de los 251 comedores populares, Neira obtuvo el respaldo del alcalde para postular por su partido al Congreso de la República el año pasado, intentando capitalizar la amplia red de contactos que había tejido desde su cargo con las representantes de los comedores populares, aunque finalmente fue opacada por el peso del apellido Acuña: Richard, el hijo del acalde, es quien hoy ocupa la curul a la cual Neira aspiró.

Hace apenas tres meses, el 25 de enero, un nuevo Acuerdo de Concejo, el N° 012-12, autorizó una vez más al alcalde “la disposición de los fondos presupuestados para otorgar subvenciones sociales”. Son S/.2 millones que César Acuña ya empezó a utilizar. Por el momento, en Trujillo la fiesta no tiene cuándo acabar.

¿Es un club de fútbol un negocio rentable? El fútbol peruano está en quiebra. Endeudados hasta la camiseta y con INDECOPI tocando la puerta, los clubes más importantes del país tienen los días contados. Sin embargo, no estamos solos en nuestras desventuras del balón: en la economía del fútbol europeo no todo es prosperidad.

En las páginas deportivas abundan las postales millonarias de Messi y la Champions League. Pero estas no dan cuenta de una silenciosa realidad de grandes deudas, insolvencias e incertidumbre económica.

En España esta semana el gobierno reveló que la deuda de los clubes de primera división con el fisco supera los 750 millones de euros. La deuda general acumulada por La Liga es mayor a los 4 mil millones de euros. Glasgow Rangers, el club más exitoso y popular de Escocia entró en un proceso de quiebra y reestructuración el mes pasado. La situación de desregulación financiera en la Liga Premier inglesa (con deudas de casi 4 mil millones de libras esterlinas) es tan preocupante que el Parlamento Británico ha elaborado un informe con recomendaciones para reformar la administración de los clubes.

La UEFA a su vez está haciendo cumplir un conjunto de medidas específicas bajo el nombre de UEFA Financial Fair Play a fin de evitar que los clubes europeos gasten más de lo que ganan.

En Perú, muchos coinciden en que la ruta del proceso concursal decretado por el gobierno  nos debe llevar a la tierra prometida de las sociedades anónimas.

En un futuro ideal nuestros clubes se formarán a imagen y semejanza de los gigantes de Europa: instituciones con una visión empresarial  equipadas para captar inversión privada. ¿Son las sociedades anónimas la respuesta al descalabro? ¿O se trata de un problema de gestión?

La Universidad San Martín, cuyo club de fútbol es una sociedad anónima y ejemplo de eficiencia, obtiene beneficios indirectos pues el club reporta operar a déficit. Entonces, ¿Hacia dónde tenemos que mirar para encontrar respuestas?

DIOS SALVE A LA LIGA PREMIER

La gran mayoría de clubes de fútbol británicos fueron fundados como compañías de responsabilidad limitada en el siglo XIX. Sin embargo, la comercialización a gran escala recién llegó con la Liga Premier en 1992, cuando grandes cantidades de dinero comenzaron a entrar por concepto de mercadeo y venta de derechos televisivos. Desde entonces y de la mano de los éxitos deportivos del Manchester United y en menor medida el Arsenal, el Chelsea y Liverpool, millones de hinchas a nivel mundial miran a la Liga Premier como un ejemplo a seguir cuando se habla del fútbol como un producto de consumo masivo.

Una mirada más cercana a la experiencia inglesa sin embargo nos habla de clubes que si bien han batido récords de ingresos en la década pasada, también han acumulado cerca de 2 mil millones de libras esterlinas en pérdidas y una deuda que supera los 3 mil millones.

Análisis de capital social, utilidades/pérdidas de ligas europeas. Bajo estándares convencionales del mercado deberían quebrar en dos años. Fuente: AT Kearney

Muchos expertos explican que ninguna empresa exitosa es ajena el concepto mercantil de deuda sostenible. En Inglaterra, sin embargo, algunos funcionarios del gobierno han empezado a inquietarse con el futuro del fútbol como negocio y expresan preocupación por el modelo actual, caracterizado por la ausencia de regulación en materia financiera.

Los entendidos en reestructuración de empresas quebradas anotan que como en todo rubro económico, en el fútbol mundial algunos prosperan, otros sobreviven y unos cuantos perecen (es decir, se liquidan). David Conn, columnista de The Guardian especializado en fútbol y negocios, no está necesariamente de acuerdo: “Los clubes de fútbol son mucho más que una empresa, si bien la élite se desarrolla sobre preceptos económicos, la base tiene una naturaleza fundamentalmente social. El hincha invierte no solo su capital financiero en el club, sino también su capital humano y emocional”

LA PRUDENCIA ALEMANA

Un estudio de la Universidad de Coventry reveló que desde 1992 un total de 92 clubes de fútbol en Inglaterra fueron declarados insolventes (figuran entre ellos equipos tradicionales como Leeds United, Portsmouth,  Queens Park Rangers, etc.) Mientras tanto en el mismo período, ningún club conoció lo que es la insolvencia en la no tan glamorosa liga alemana. Cero versus noventa y dos. ¿Cuál es el secreto? Hasta hace un par de décadas todos los clubes alemanes eran asociaciones deportivas controladas en un 100% por sus socios.

Sin embargo, ante los nuevos vientos que soplaban en la industria y la necesidad de competir con otros gigantes del balompié europeo, los equipos incluyeron la participación de sociedades de responsabilidad limitada independientes del club, con la finalidad de atraer nuevas inversiones. La reglamentación más estricta de la liga germana estipula que el 50 por ciento más uno de las acciones deben ser controladas por los socios, lo cual asegura que, en primer lugar, las finanzas del club no se manejen de manera irresponsable y segundo, que los mismos mantengan arraigo social con la comunidad a la que pertenecen.

Ránking de ligas europeas de la consultora AT Kearney que toma en cuenta índices de ingresos y capital social versus activos coloca a la Bundesliga en primer lugar. Fuente: AT Kearney

“El resultado es que durante las últimas tres temporadas la Bundesliga ha sido catalogada por Deloitte como la más rentable del mundo”, señala Wayne Vesey, corresponsal en Alemania para el portal Goal.com.

Por otro lado, las estrictas regulaciones en materia financiera que obligan a los clubes alemanes a presentar información sobre sus presupuestos y gastos previstos, inciden en que las deudas que mantienen en el sistema representen solo un pequeño porcentaje de su capital. Clubes como el Bayern Munich, no tienen deudas en el sistema financiero y pueden darse el lujo de contratar a jugadores de clase mundial como Ribery, Robben y Mario Gómez.

“Cuando los clubes pueden gastar lo que quieren como en la Liga Premier, se les hace muy difícil a los equipos alemanes competir deportivamente con ellos”, explica Antonia Hagemann, directora del proyecto SupportersDirect, una organización sin fines de lucro que aboga por incrementar la participación de los hinchas en los clubes ingleses. “Sin embargo”, continúa Hagemann, “el modelo cooperativo alemán no es necesariamente ajeno al éxito, mientras que lo que existe en Inglaterra es una carrera de ratas donde el fútbol se ha convertido esencialmente en una marca a la que no le interesa la regulación”.

PERFUME SEDUCTOR

Colin Shindler es el autor de un hermoso libro titulado “Manchester United arruinó mi vida” en el cual narra como él, fanático del Manchester City, tuvo que presenciar los triunfos europeos de su archirrival el United mientras su club se hundía en la tercera división. Lejos estaba de imaginar que poco tiempo después un jeque de los Emiratos Árabes Unidos compraría al City, mudaría la razón social a Dubái y luego de desembolsar 500 millones de libras esterlinas en una temporada y armar un equipo de ensueño con figuras como Tévez, Kun Agüero, Balotelli, David Silva, entre otros, volvería a pelear por el título del fútbol inglés después de cuatro décadas. A Shindler, sin embargo, nada de esto lo impresiona: “Se han llevado a mi amor, la han envuelto en un vestido de seda y la han rociado con el más seductor perfume árabe. Pero ya no la reconozco”, se lamenta.

Fuente: Goal.com

¿Sociedades anónimas? “Bienvenidas”, dice Miguel Ángel Salino, especialista en gestión deportiva de la UPC, “Pero sin recurso humano calificado ni cultura deportiva en el país no significarán nada”. El riesgo de buscar una solución estrictamente empresarial a los problemas del fútbol radica precisamente en eso: olvidar que los clubes (tengan o no la misma relevancia económica que la venta de emolientes,como dice el abogado Alfredo Bullard) se conforman tanto con capital financiero como con capital humano.

De ser exitoso el camino trazado por el Decreto de Urgencia del fútbol, no solo debemos preguntarnos si las ansiadas sociedades anónimas nos traerán prosperidad y eficiencia, sino qué sistemas de supervisión y control se pondrán en juego (tanto de parte de las autoridades como de los hinchas) para que estas instituciones no caigan en las manos equivocadas. Otra vez.

Ante los cuestionamientos por los motivos del traslado de Antauro Humala, hermano del Presidente de la República, del penal de máxima seguridad de Piedras Gordas al penal Virgen de las Mercedes , solicitamos al INPE y al Ministerio de Justicia la copia del informe de inteligencia en el que se da cuenta de las razones de peligrosidad que motivaron su traslado.

pedido al inpe

Recordamos que la información solicitada es de naturaleza pública, toda vez que no puede exceptuarse bajo el argumento de existir riesgo o daño alguno, en la medida que con el traslado al penal Virgen de las Mercedes se solucionaron los riesgos de seguridad que se advirtieron anteriormente, tal como informó el Ministro de Justicia Juan Jiménez.

Cabe señalar que meses antes emitimos un pedido de información solicitando todas las visitas efectuadas al reo Antauro Humala Tasso desde junio hasta noviembre del 2011, el cual fue denegado el 5 de diciembre de 2011, por tratarse de información “confidencial”, lo que motivó un proceso de hábeas data contra el INPE.

¿Nunca se ha preguntado por qué el ministro de producción gana 15 mil soles, mientras que un chef famoso tranquilamente se lleva sus 30 mil al mes? ¿Sabía que el juez César San Martín gana mucho más que Ollanta? ¿Por qué dos contadores del Estado con las mismas funciones tienen ingresos muy distintos? Mientras a uno le dan celular, carro, gasolina y bonos, su colega hace años está pidiendo un calentador para su oficina.

Bienvenidos a la Carrera Pública donde cada uno chapa lo que puede. 

Según la ley, el sueldo del Presidente de la República es el tope máximo de remuneración en la administración estatal.

Sin embargo, INFOS cruzó la información pública de los ingresos de varias entidades y descubrió que hay varios funcionarios que ganan más del doble que  Ollanta Humala.

La razón por la que gerentes de empresas del estado o vocales supremos ganan más que el presidente es simple: no están dentro de la ley que exige su reducción salarial. Salvo el Contralor General de la República Fuad Khoury —quien utilizó facultades de su ley orgánica para darse un aumento de 15,600 a 33,100 soles— , los demás funcionarios públicos vieron como se les redujo el sueldo apenas Alan García asumió el gobierno en el 2006.

Quienes se salvaron fueron aquellos que, en la práctica, no son funcionarios públicos reales. Son trabajadores contratados por el Estado bajo un régimen laboral privado (DL 728), por lo que su sueldo y beneficios son completamente distintos.

Entonces tenemos un problema. ¿No que todos los trabajadores deberían ganar por igual? Una pregunta bastante inocente.

LA DESTRUCCIÓN DE LA CARRERA PÚBLICA

Desde los 90 la implementación de políticas liberales han convertido la carrera administrativa en un laberinto de normas y leyes, donde cada institución del Estado puede negociar sus propios beneficios mientras que los trabajadores pujan por ganar siempre algo más. Aquí no se aplica la ley del trabajo sino, la de la selva.

En casos extremos, algunos sindicatos no sólo piden derechos laborales básicos sino que hasta reclaman el control de operaciones que pueden afectar la competitividad del país. Por ejemplo: la semana pasada, el sindicato de trabajadores de Petroperú formalizó su pedido al Ministerio de Energía y Minas para retomar el control de varios pozos de crudo concesionados a empresas privadas.

Desde el Ministerio de Trabajo indican que los trabajadores que se tuvieron que bajar el sueldo en el 2006 no manifestaron su malestar, al menos no oficialmente. Simplemente algunos optaron por irse al mundo corporativo, el cual, como vemos en este gráfico, tiene sus grandes ventajas.

Pero hay excepciones, altos ejecutivos que permanecieron en el aparato estatal, ganando como gana un privado. Que el gerente de una hidroeléctrica del Estado gane sueldos equivalentes a un ejecutivo del sector privado tiene una explicación: estas empresas estatales pertenecen a grupos de poder que han sabido driblear las normas y presionar para mantenerse por encima de los ingresos comunes. Veamos cómo.

LA PLATA LLEGA SOLA

Creer que los funcionarios públicos perciben únicamente su remuneración es tan inocente como creer en unicornios.

¿Cómo se negocian los beneficios en el Estado? Un ejemplo: si los trabajadores desean un bono de gasolina extra, deben comunicar al organismo competente, usualmente, se trata de un ministerio. Si se tratara de una empresa del Estado, deben enviar su pedido al directorio y éstos a Fonafe. Allí se comenzará a negociar.

Estos dos caminos distintos terminan siempre en el MEF, entidad que decide aprobar o no el incremento salarial. Lo interesante es que, según la Ley de Presupuesto, el Estado debería tener una política  de reducción en cargas administrativas. Esto, por supuesto, no se cumple: cada año aumenta el presupuesto nacional.

Otra situación, que linda con la corrupción, ocurre cuando funcionarios que trabajan bajo el Régimen Privado (DL 728), utilizan bienes y servicios para fines personales. Es la historia clásica que nos cuentan siempre: el director de la institución estatal X usa el automóvil para llevar a los hijos al colegio, nunca pasa tarjeta y solo trabaja cuatro horas al día.

Esto sucede en un sistema, el de régimen privado, que opta por no controlar al milímetro a los funcionarios. Entonces el otro sistema, supuestamente más ordenado, el de la ley de Carrera Administrativa (DL 276), debería funcionar mejor, ¿verdad?

Mentira. La realidad es aún peor.

LOS REYES DEL RECURSEO

El régimen de la Carrera Administrativa tenía como idea principio un sistema único de remuneraciones, que con el tiempo podría anexar algunas modificaciones especiales, pero sin atentar contra el espíritu de la ley. Todo bien ordenado.

Pero este cuerpo de leyes se deformó al punto que ahora se da casos como que el 10% del ingreso real proviene de la remuneración básica y un 90% restante se divide en ingresos informales que han logrado los trabajadores a lo largo de los años. ¿Cómo se dan? Desde campañas de salud, fiestas para recaudar fondos, sorteos, cursos y talleres. Esa plata no va al MEF, sino, de frente, a los trabajadores. El sistema único se volvió papel muerto.

Por ejemplo, en las instituciones militares hay partidas presupuestales tan grandes que sus miembros no solo cobran un bono de Cafae sino Subcafae y cada Subcafae es distinto: el Subcafae del Comando Conjunto, del Ejército, de la Marina, etc.

Y, por supuesto, están los miles de funcionarios que todos los días buscan llenar este vacío con actos de corrupción. Otros, terminan complementando ingresos con actividad privada. El funcionario tiene que recursearse.

“Al final, la plata llega sola”, indica Guillermo Miranda, Jefe del Área de Asesoría Jurídica del Ministerio de Trabajo. La frase termina siendo ejemplificadora.

LO QUE SE VIENE

Una supuesta gran idea para transparentar la carrera pública fue la creación de Servir, pero, hasta el momento, no ata ni desata.

Servir es una entidad que busca controlar la gestión de los trabajadores públicos, una suerte de gerencia de recursos humanos, como ellos mismos se definen. Este sistema de colocación de gerentes públicos viene desarrollándose con sus sumas y restas, pero en realidad varios funcionarios nos confirmaron a INFOS que no hay voluntad política para proponer cambios reales.

Actual presidente de Servir Juan Carlos Cortés (corbata celeste) junto con gerentes públicos designados para ocupar cargos en el Gobierno Regional de San Martín.  (Foto: archivo Servir)

“Si hay que ponerle una nota, sería desaprobatoria”, manifestó uno de los entrevistados para este informe. Entre las observaciones puntuales indican que SERVIR se ha convertido en otro instrumento político que por sí solo no puede garantizar que se haga una reforma laboral, y cuando han querido han estado desprovistas de las herramientas básicas.

Ayer se designó al abogado Juan Carlos Cortés Carcelén como presidente ejecutivo.  Cortés es integrante del Consejo Directivo de Servir desde noviembre de 2008 y estuvo encargado de la presidencia desde el pasado 21 de octubre.

En paralelo, el actual gobierno tiene un plan para reconfigurar la reducción de sueldos. A fines de enero el Ejecutivo ya tenía en mente proponer que los cargos técnicos puedan recibir hasta 25 mil soles. Todo bajo la filosofía de recuperar destacados profesionales.  Lo más parecido son los ingresos que reciben los asesores de los políticos por medio del Fondo de Apoyo Gerencial (FAG) que rompe el tope salarial. Este régimen no laboral, es una suerte de SNP pero ‘elite’.

Mientras eso pasa en el Ejecutivo, dentro del Ministerio de Trabajo se viene trabajando un borrador para incluir en la reforma de la Ley del Trabajo cambios que irían desde el sinceramiento de ingresos para altos funcionarios hasta la reactivacción de la carrera administrativa (concretamente: eliminación del CAS y SNP).

Pero lo más importante, indica Miranda, se hará algo que ni Toledo ni García se habían propuesto: crear un sistema donde el trabajador gane por sus funciones más allá de categorías o rangos.

Si esto funciona, se dejará de pedir una conducta espartana en la administración pública, un sistema que solo espanta a los mejores funcionarios y nos deja a los reyes del recurseo.

La semana pasada, el presidente del Congreso, Daniel Abugattas, afirmó que el pedido de transparencia que hicimos sobre las hojas de vida y contratos de los integrantes del programa de “Gestores” nos había sido negado por tratarse de ‘información confidencial’. Hoy, el Congreso cambió de parecer.

Esta mañana, el jefe de comunicaciones del Congreso, Italo Sifuentes, tuvo la gentileza de presentarse en nuestras oficinas con un expediente completo que contiene “la hoja de ruta, DNI, contrato, informe 01, curriculum y título profesional” de todos los que fueron contratados como gestores. Asimismo, nos comunicó que dicha información se halla disponible en la web del Congreso desde el último viernes.

La información, por cierto, apareció anoche también el programa Sin Medias Tintas, que tampoco pudo conseguirla a través de canales oficiales.

Respecto a la negativa inicial de entregarnos esta información, Sifuentes refirió que había sido decisión de la Dirección  General de Administración que, a su vez, es asesorada por la Oficina de Asesoría Jurídica del Congreso. Como se recuerda, tanto las hojas de vida como los contratos de los funcionarios del Estado, constituyen información pública, según la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública.

Actualización 2:00 pm

El vicepresidente del Parlamento, Michael Urtecho, confirmó que el programa Gestores para el Desarrollo Local fue cancelado definitivamente debido a que se detectó nuevas irregularidades.

“Acabamos de firmar un acuerdo de mesa que deja sin efecto todos los contratos de los gestores contratados paras este fin. Queda cancelado este programa, lamentablemente, de una manera que nadie esperaba”

El presidente del Congreso ha sido mal informado por sus asesores. Como consta en la solicitud que hiciéramos hace casi un mes, y que lleva el sello de cargo del Legislativo, solicitamos lo siguiente:

1. Las Bases del Concurso Público o Términos de Referencia para la selección de personal para el programa social “Gestores para el desarrollo local”.
2. La relación de personas seleccionadas como “Gestores para el desarrollo local”.
3. Las hojas de vida (curriculum vitae) de las personas seleccionadas como “Gestores para el desarrollo local”.
4. Los contratos firmados por las personas seleccionadas como “Gestores para el desarrollo local”.

En la respuesta del Congreso también consta que lo solicitado fueron las hojas de vida y contratos de los gestores que, según lo señalado por reiterada jurisprudencia del Tribunal Constitucional, constituyen información de pleno acceso a la población al ser de un ente público (Exp. Nº 00330-2009-PHD/TC). Es decir, cualquier ciudadano puede pedir esta información y el Congreso o cualquier entidad estatal está en la obligación de entregarla.

Respuesta del Congreso sobre Gestores

El Congreso, según su respuesta, considera que información evidentemente pública se trata de “información confidencial que puede afectar la intimidad personal y familiar“.  Estamos, según los abogados del IPYS, ante una obstrucción al principio de publicidad que debe regir en todas las actividades y disposiciones de las entidades públicas conforme al artículo 3º del Texto Único Ordenado de la Ley Nº27806, Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública.

La enredada novela entre el Grupo Oviedo y el Estado Peruano podría llegar a su capítulo final hoy, cuando se venza el tantas veces prorrogado plazo para la ampliación del Régimen de Protección Patrimonial. Pero el final sería feliz solo para los Oviedo, que se quedarían con las acciones y seguirían sin pagar los impuestos. En la imagen Edwin Oviedo Picchotito, director de Pomalca. (Foto: mundodeporticomasfm.blogspot.com)

El año pasado la controversia tributaria más sonada fue una extensión de prórroga para pagar impuestos: la así llamada ley Oviedo.

Hoy, en el día bisiesto, finalmente acaba la prórroga de la Ley Oviedo (oficialmente llamada Ley del Régimen de Protección Patrimonial). Desde hoy, las acciones que administra Fonafe —ese cubo de cemento que el Estado arrastra hace 8 años— dentro de las azucareras Pomalca y Tumán serán ofertadas a los trabajadores de las azucareras.

Además, el Grupo Oviedo, al perder este auxilio legal, tendrá que pagar los impuestos (Essalud, impuesto a la renta, CTS y jubilación) que no ha cancelado a tiempo desde el 2004.

¿Y AHORA QUÉ?

Pero la pregunta que se hacen desde las chacras azucareras hasta en las gélidas oficinas del Estado es: ¿Y cómo harán los Oviedo ahora?

En concreto, lo que se viene es que Proinversión venderá las acciones a los que tienen  la primera opción de compra, que son los trabajadores. Sin embargo, éstos tendrían que llegar al concurso con liquidez (plata en mano) para comprar el porcentaje administrado por Fonafe (32,88% de Pomalca  y 7,22% de Tumán), que equivalentes a varios millones de soles. ¿De dónde van a sacar dinero?

El año pasado, el gerente de Pomalca, Antonio Becerril, negó que el grupo azucarero les fuera a prestar dinero a sus trabajadores para comprar acciones. Sin embargo, una fuente cercana a todo este proceso le ha confirmado a INFOS la jugada:

— (El grupo Oviedo) ha ofrecido darles dinero a sus trabajadores, con la condición de que ese préstamo se cuente como las deudas que tienen con estas personas.

Es decir, en el papel figuraría como una deuda cancelada con el trabajador, pero, en realidad, se trataría de un préstamo para comprar acciones. Posteriormente, los dueños de las azucareras podrían recomprar dichas acciones a precios irrisorios (coaccionados bajo el argumento ‘si no me vendes tu parte te despido’).

¿Y LOS IMPUESTOS?

Resuelto ese entuerto, la segunda pregunta: ¿Cómo seguirán sin pagar impuestos? Esta misma fuente indicó dos hipótesis:

Opción 1) Luego de obtener las acciones de los trabajadores, el Grupo Oviedo llegaría a Indecopi en condición de deudor llevando en una mano el acuerdo global de refinanciación y en la otra todos los balances en rojo de los últimos 5 años. Así, solicitarían aprobar un plan de pagos a sus acreedores para, de esta forma, acceder a un reflotamiento, buscando la manera de reducir deudas con el Estado.

Opción 2) Los Oviedo patean el tablero: no compran nada, rematan sus acciones — los primeros interesados serían sus proveedores— y declaran en quiebra las azucareras. Esto forzaría a sus acreedores a llevarlos Indecopi. Los Oviedo, entonces ofrecerían un programa de reflotamiento parecido a la primera hipótesis y, de esta forma, podrían volver a la acción.

(Evidentemente, existe una tercera opción: esperar una nueva ley de protección como por arte de magia desde el Congreso, lugar donde los Oviedo han sabido conseguir muchos amigos.)

En cualquiera de los dos primeros casos, si las azucareras buscan entrar a un sistema de refinanciamiento, se tendrán que acoger al Procedimiento Concursal en Indecopi. Pero tampoco es que sea tan simple: “Cualquier empresa que venga, por solo presentar su documentación, no necesariamente va a ser reflotada”, indicó el abogado Jaime Gaviño Sagástegui, secretario técnico de la Comisión de Procedimientos Concursales.

Si las azucareras entran a concurso, tendrá que franquear varios filtros, desde la Instalación de la Junta de Acreedores —impuesta por Indecopi—  hasta someterse a un análisis de la situación legal. Este último escenario no sería precisamente grato para los intereses de este grupo: dos miembros de la familia y del directorio actual de Pomalca (Elvis y Edwin Oviedo) han sido demandados por fraude por el Fonafe. ¿Por qué?

PROCESOS EMPALAGOSOS

Exactamente hace un año, se planteó la denuncia por parte de Fonafe acusando penalmente a los hermanos Elvis y Edwin Oviedo y a José Gamarra Mizrraji.

Según directivos de Fonafe, además de haber sido elegido un directorio sin su participación ni autorización, miembros de cuatro proveedores de las azucareras (Shema, Mega Super Mayorista, D`Libano y Dismar) eran también los mismos del actual directorio del grupo Oviedo.

Los acusaron de omitir información. Había, pues, una presunta existencia de intereses que son incompatibles. “No puedes producir azúcar y vendértela a ti mismo”, nos desde Fonafe.

Además, investigaciones periodísticas recientes determinaron que entre 2007-2009 estas cuatro empresas compraron el 76% de producción a un descuento de alrededor del 20% del precio real. “Encima, te la vendías barato, perjudicando a la azucarera”, sentenciaron.

La denuncia estuvo a cargo de la 39ª Fiscalía Provincial de Lima. El abogado de Fonafe pidió varias veces la información contable de Pomalca pero no pudo obtenerla.

A pesar de las claras observaciones a la diferencia de precios, en el informe de la DININCRI, presentado el 14 de octubre del año pasado, no se encontraron mayores irregularidades en la venta del azúcar a las cuatro empresas cuestionadas.

Sin embargo, este peritaje policial fue desestimado a inicios de febrero de este año, por la fiscal Judith Pinto Zavalaga. Se espera que realice uno nuevo.

En las manifestaciones realizadas entre el 12 al 14 de setiembre ante la policía, los hermanos Edwin, Elvis y Auria Oviedo, además de José Arturo Gamarra Mizrraji (director de Pomalca), indicaron al unísono que Fonafe debía de tener conocimiento de que esas cuatro empresas comercializaban con sus empresas azucarera. Prueba de ello, dijeron, era que se encontraba en los registros públicos. Y sobre la preferencia de vender a estos proveedores aseguraron que no existía oligopolio alguno, únicamente relaciones comerciales de abastecimiento. Preguntados por qué vendían a menores precios —como indicaban las denuncias periodísticas— respondieron que era falso, y que solo se basaban en el precio del mercado.

Luego de ser comunicada de los hechos la fiscal Judith Pinto Savalaga dispuso, en su informe del 4 de noviembre, abrir investigación preliminar contra los Oviedo y los responsables que resulten implicados.

Durante la declaración de Edwin Oviedo, realizada en Chiclayo el 24 de noviembre, la fiscal le hizo varias preguntas relacionadas a la empresa Shema S.A. Sorprende que el empresario cuzqueño no recordara cuál es el porcentaje que tiene a su nombre Shema, empresa de la que fue gerente general y accionista durante 10 años, hasta enero de 2011. Tampoco recordó quién era el actual gerente general ni los montos en dinero que ascendió la comercializadora entre Shema y Pomalca.

Independientemente de lo que suceda luego de finalizada la prórroga el proceso penal seguirá en marcha.

Finalmente, después de todos estos procesos legales y administrativos, todo esto podría acabar en manos de Indecopi, o del Ministerio de Agricultura u otra entidad que termine por resolverle los problemas a una industria que no debe detenerse pero que tampoco puede seguir funcionando de esta manera. El Estado buscó entrar al negocio azucarero para que no quiebre, al final el que se fue al diablo fue el propio Estado porque no encontró mejor negocio que regalar todo lo que tenía. Un amargo final.

El caso de Rofilio Neyra, dueño de varias empresas de gas y congresista de la Comisión de Energía y Minas, pone sobre el tapete, nuevamente, a este controvertida comisión.

Hace unos meses se hizo pública la situación de  Eulogio Amado Romero, más conocido como “Comeoro”, relacionado a las actividades mineras informales en Madre de Dios. Por si fuera poco, también se descubrió que Néstor Valqui fue sentenciado en el 2008 por el delito de proxenetismo.

Además de ellos y Rofilio, otros congresistas de esta comisión tienen antecedentes  que los relacionan con actividades mineras o con actividades poco éticas.

• Tito Valle Ramírez, ex alcalde de Pasco, fue denunciado penalmente “por  permitir que la minera Volcan, como parte de su plan L, depositara varias toneladas de desmontes (..) perjudicando además a los pobladores del pueblo joven Tupac Amaru.” Además, en el año 2008 y como parte del mismo Plan L, permitió que parte de la ciudad fuera demolida sin que el Estudio de Impacto Ambiental fuera aceptado. Éste recién fue revisado dos años después, en el 2010.  No solo eso, la Contraloría General de la Repúblicaencontró varias irregularidades durante su gestión como alcalde de Pasco y que generaron una pérdida de más de 274 mil soles.Estos antecedentes no han sido impedimento para que haya sido elegido congresista ni para que forme parte de la Comisión de Energía y Minas.

• Francisco Ccama Layme, el congresista electo por Puno y miembro titular de la Comisión de Energía y Minas resultó siendo accionista de Oro Puno S.A, junto con su hermano Erick Ccama, además de propietario de las empresas mineras Andes Doradas E.I.R.L. Socio de la Cooperativa Minera Santiago de Ananea desde 1990. Este congresista también ha sido denunciado por contaminaciónproducto de sus actividades mineras.A pesar de que la denuncia por conflicto de intereses se hizo pública, este parlamentario sigue perteneciendo a la Comisión de Energía y Minas como si nada hubiese pasado.

Lay: “El electorado tiene que tener el principio de presunción de culpabilidad”.

Para Humberto Lay, presidente de la Comisión de Ética del Congreso, uno de los factores que impide que se haga una correcta verificación de las declaraciones juradas de los candidatos es la desactualización de los registros de las instituciones como SUNAT o el Poder Judicial. Además, el tiempo que existe entre la inscripción de los candidatos y las elecciones es de sólo dos meses, un plazo muy corto para realizar un cruce efectivo con todas las hojas de vida de los candidatos.

—Debería incluirse más datos en la hoja de vida como los procesos que estén en curso de un candidato. Si bien siempre se tiene el principio de presunción de inocencia, el electorado tiene que tener el principio de  presunción de la culpabilidad, tiene que estar informado.

Respecto al caso de Rofilio Neyra, Lay explica que el reglamento no prohíbe que un congresista participe en una empresa que tenga vinculación con la comisión a la que pertenece.

—Si un congresista tiene un interés,  lo importante es que cuando se discuta un proyecto tiene que hacer explícita su vinculación o sus intereses. Tendría que abstenerse de votar en una ley que podría favorecerlo.

Sin embargo, si Rofilio Neyra fuera hallado culpable de falsedad ideológica por mentir en su hoja de vida, su sanción fluctuaría entre 3 y 6 años de pena privativa de la libertad y de 180 a 365 días de multa.